El 6 de octubre de 2026, el viceministro del Interior de Myanmar, el mayor general Min Thu, declaró ante la cámara baja del parlamento que se habían abierto causas penales contra opositores al gobierno, incluidos los fundadores del gobierno paralelo de la oposición y cinco medios de comunicación en el exilio. Afirmó que las Notificaciones Rojas de INTERPOL y la anulación de pasaportes formaban parte de la respuesta del gobierno a quienes habían huido al extranjero, aunque no especificó a quiénes afectaban dichas notificaciones. The Irrawaddy se hizo eco de estas declaraciones al día siguiente. Los medios mencionados fueron Myanmar Now, Khit Thit, Mizzima, DVB y The Irrawaddy.
Las normas de INTERPOL ofrecen a los exiliados, incluidos los periodistas, una protección real frente a este tipo de solicitudes. Si alguna solicitud afecta a un periodista y cómo se aplican dichas normas son cuestiones que, muy probablemente, permanecerán en el ámbito interno de INTERPOL. Ya hemos mencionado anteriormente los tres motivos: las cifras de denegación no se hacen públicas por país, las medidas correctoras adoptadas contra las oficinas centrales nacionales rara vez se divulgan y la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos de INTERPOL no cuenta con una normativa pública propia.
Declaraciones de Min Thu ante el parlamento
El mayor general Min Thu, viceministro del Interior, respondía a un miembro del Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (el partido respaldado por los militares), quien había preguntado si el gobierno planeaba colaborar con INTERPOL para solicitar el retorno de sospechosos residentes en el extranjero. Según el registro oficial de la sesión, publicado en birmano en el sitio web del parlamento, enumeró a las personas contra las cuales se habían abierto causas: los fundadores del Comité Representante de la Hluttaw de Pyidaungsu (CRPH, el comité formado por parlamentarios elegidos en noviembre de 2020 a quienes el golpe de Estado de febrero de 2021 impidió asumir sus escaños) y del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), los miembros y financieros de la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF, el brazo armado del NUG), personas que «escriben falsedades» para dañar la dignidad del Estado, y los cinco medios de comunicación.
Leyó una lista única de cargos aplicable a todo el grupo, «según sus respectivas infracciones», que incluye sedición y delitos tipificados en la Ley Antiterrorista, sin especificar qué cargos correspondían a cada cual. A continuación, describió en términos generales cómo se tramitan ante INTERPOL y ASEANAPOL —la organización policial regional del Sudeste Asiático— los casos contra personas en el extranjero. Según nuestra traducción del registro oficial, declaró:
«Una vez abierto un caso, se comprueba que las órdenes de detención (notificaciones) enviadas a través de los departamentos y organizaciones pertinentes se ajusten a la constitución y a las normas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y de ASEANAPOL, y se mantiene la coordinación con las organizaciones policiales internacionales para que la emisión de Notificaciones Rojas de Interpol y la detención de sospechosos puedan llevarse a cabo […]».
Mayor general Min Thu, Pyithu Hluttaw, 6 de octubre de 2026 (registro oficial, traducción propia del birmano)
Min Thu utilizó la palabra «emisión» en tres ocasiones, y el diario estatal The Global New Light of Myanmar la repitió al día siguiente. El término exagera el papel de Birmania. Un país miembro solo puede solicitar una Notificación Roja, y la Secretaría General de INTERPOL, el personal de la sede de la Organización en Lyon, la publica una vez que comprueba que la solicitud cumple con la normativa.
El propio Min Thu se mostró prudente en cuanto a los resultados. Al ser preguntado sobre cuántos exiliados destacados habían sido detenidos o repatriados, no dio cifras. En el caso de sospechosos importantes relacionados con lo que denominó grupos terroristas, señaló que la cooperación con el país en cuestión «depende de la postura política de dicho país», y añadió que los sospechosos trasladados hasta el momento eran requeridos principalmente por delitos de drogas.
El mismo debate evidenció que el gobierno sabe dónde fija INTERPOL sus límites. Según The Irrawaddy, el presidente de la cámara, Khin Yi, exjefe de la policía birmana, señaló que INTERPOL no interviene en asuntos religiosos ni políticos, por lo que cualquier caso presentado por el gobierno debe fundamentarse en cargos penales. Dicho comentario no figura en el registro oficial del intercambio, que abarca únicamente la pregunta y las respuestas del ministro. Determinar si la calificación penal es suficiente es precisamente la cuestión que las normas de INTERPOL buscan resolver.
Las normas de INTERPOL sobre casos políticos
Cualquier solicitud que envíe Birmania será analizada conforme a esas normas, las cuales van más allá de la etiqueta del cargo. El artículo 3 de la Constitución de INTERPOL prohíbe a la Organización llevar a cabo cualquier intervención o actividad de carácter político, y el Repositorio de Práctica, publicado en noviembre de 2024, explica cómo se aplica dicha norma a cargos que van desde la sedición hasta el terrorismo.
El capítulo sobre terrorismo cobra especial relevancia en este contexto, ya que el CRPH, el NUG y las PDF fueron declarados organizaciones terroristas por las autoridades militares en mayo de 2021, y Min Thu incluyó a los cinco medios de comunicación en esa misma relación de casos, cuyos cargos leídos comprenden infracciones de la ley antiterrorista. El capítulo 3.6 del Repositorio exige que una organización sea considerada terrorista «sobre la base de un acuerdo internacional», un requisito que una designación interna por sí sola no cumple. Asimismo, establece que la libertad de expresión o de asociación protegidas no pueden constituir, por sí mismas, un acto terrorista ni establecer un vínculo con una organización terrorista.
La Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF), el órgano de supervisión independiente de INTERPOL, ya ha tratado el caso de un periodista en esta situación. En una decisión de 2018, anuló una Notificación Roja publicada por cargos de terrorismo contra un periodista y exrefugiado reconocido. Entre los factores que sopesó se encontraba la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la libertad de prensa:
«[N]o obstante, incumbe a la prensa transmitir información e ideas sobre cuestiones de importancia política y de interés general, incluidas aquellas que resulten controvertidas».
CCF, extracto de decisión n.º 07 de 2018, párr. 44
INTERPOL también ha adoptado una postura respecto a la propia Birmania. En febrero de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de la junta militar, Wunna Maung Lwin, solicitó ayuda a INTERPOL, ASEANAPOL y a las Naciones Unidas frente a lo que denominó terrorismo. Dos días después, Thaiger informó, citando a CNA, que INTERPOL había rechazado la petición y que no intervendría en los asuntos políticos internos de ningún país. Según el mismo medio, un portavoz de INTERPOL declaró a CNA que la Organización no hace comentarios sobre casos específicos salvo en circunstancias extraordinarias, las cuales el artículo vinculaba a notificaciones solicitadas contra opositores políticos o críticos del gobierno, o en el contexto de un golpe de Estado. El marco normativo es sólido, pero nadie ajeno a INTERPOL puede ver cómo se aplica a las solicitudes de un país en particular.
Rechazos por país
INTERPOL ya publica una parte de la información. Actualmente informa cada año sobre cuántas Notificaciones Rojas y difusiones (alertas que un país envía directamente a determinados países miembros) ha rechazado o cancelado. En 2025, rechazó o canceló 558 al amparo de los artículos 2 y 3 de la Constitución, frente a las 305 del año anterior, tal como exponemos en nuestro análisis de las estadísticas de 2025. Dichas cifras no especifican de qué países procedían las solicitudes rechazadas.
Si Birmania envía solicitudes contra periodistas exiliados y la Secretaría General las rechaza todas, lo más probable es que el público no se entere a través de INTERPOL. La fuente principal será el gobierno solicitante, que ya ha comunicado a su parlamento que se están emitiendo Notificaciones Rojas. El año pasado, la opinión pública supo que 21 de las 25 solicitudes de Notificación Roja presentadas por Bangladés desde agosto de 2024 no se habían publicado. Esto se conoció únicamente porque un portavoz de la policía en Daca decidió facilitar las cifras.
Los gobiernos no siempre describen sus propias solicitudes con precisión. En septiembre de 2026, el jefe de la policía de Sri Lanka anunció que próximamente se solicitaría una Notificación Azul (una solicitud de información sobre la identidad, paradero o actividades de una persona) para Basil Rajapaksa, exministro de Finanzas que se cree que se encuentra en Estados Unidos, según informó PTI a través de Outlook India. El mismo día, el ministro de Seguridad Pública declaró al Daily Mirror que la notificación ya había sido emitida, mientras que Newswire, citando a un alto oficial de policía, informó que INTERPOL había solicitado más información. Las cifras desglosadas por país no resolverían ningún caso en particular, pero ofrecerían al público una fuente distinta a la del gobierno solicitante.
Medidas correctivas aplicadas a las oficinas nacionales
Las medidas correctivas también permanecen fuera del alcance público. Cuando una Oficina Central Nacional (la oficina de policía nacional que gestiona los asuntos con INTERPOL) continúa enviando solicitudes que infringen las normas, la Secretaría General puede someterla a supervisión o restringir su acceso a los sistemas de INTERPOL. Estas facultades están estipuladas en el artículo 131 de las Normas sobre el Tratamiento de Datos (RPD), e INTERPOL confirma en su propio sitio web que hace uso de ellas:
«[D]esde la entrada en vigor del RPD en 2012, se han aplicado medidas provisionales y correctivas en relación con diferentes OCN en diversas ocasiones».
INTERPOL, Cumplimiento y revisión
INTERPOL rara vez especifica qué oficinas están afectadas. Anunció el levantamiento de las medidas impuestas a Siria en octubre de 2021 y una supervisión reforzada del uso que hace Rusia de sus canales en marzo de 2022. En enero de 2026, Disclose informó que seis países se encontraban bajo medidas correctivas en abril de 2025. Entre ellos figuraban Rusia, Bielorrusia y Siria, tres años y medio después de que INTERPOL hubiera anunciado el fin de las medidas previas aplicadas a Siria. La propia INTERPOL nunca ha publicado el listado.
Si las solicitudes de Birmania no superan los controles de forma reiterada, su oficina podría ser objeto de estas medidas, y es probable que el público nunca llegue a saberlo. Dicha información es relevante para las personas afectadas, para los tribunales y las autoridades de asilo de los países donde residen actualmente, y para la prensa, puesto que el gobierno acaba de abrir causas contra cinco medios de comunicación y ha comunicado al parlamento, en esa misma respuesta, que se «están emitiendo» Notificaciones Rojas contra sus opositores en el extranjero. En marzo de 2026, Charlie Magri, Ted Bromund y Sandra Grossman sostuvieron en el Harvard International Law Journal que INTERPOL debería hacer público qué países están sujetos a medidas correctivas, por qué motivos y durante cuánto tiempo. La declaración de Birmania en el parlamento evidencia por qué dicha lista es importante.
Pasaportes y la base de datos SLTD
El tercer vacío guarda relación con los pasaportes. Min Thu también informó al parlamento de que las embajadas de Birmania habían contabilizado a 1.341 opositores huidos al extranjero, y que se estaba procediendo a la anulación de sus pasaportes, su inclusión en listas negras y su marcaje en alertas de vigilancia. El medio The Irrawaddy cifró en más de 1.300 los pasaportes revocados, si bien el ministro describió las cancelaciones como un proceso que se lleva a cabo paso a paso.
Un pasaporte cancelado puede registrarse en la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos (SLTD) de INTERPOL como revocado o no válido, y por lo general su titular se percata de ello a través de un agente fronterizo. Hasta la fecha, no se ha publicado nada que indique que Birmania haya registrado estos pasaportes, pero ninguna norma redactada para documentos de viaje se lo impediría. Las Normas sobre el Tratamiento de Datos contienen artículos sobre notificaciones y difusiones, pero ninguno sobre documentos de viaje, los cuales se rigen por los principios generales aplicables a todos los datos y por procedimientos internos no publicados. En consecuencia, la normativa de INTERPOL no exige una decisión judicial previa para que un pasaporte sea registrado como revocado. INTERPOL ha manifestado que revisa los datos de la SLTD para verificar su cumplimiento, si bien no ha descrito públicamente en qué consiste dicha revisión.
Después de 2016, Turquía utilizó la misma vía contra sus opositores, y el mes pasado expusimos el mismo vacío legal en el caso de 24.511 pasaportes sirios registrados como robados por el gobierno de Assad. Ante la Comisión de Helsinki de EE. UU. en octubre de 2024, y de nuevo en dicho artículo, propusimos dos cambios: una norma que exija una decisión judicial antes de registrar un pasaporte como revocado y un mecanismo de revisión público para las entradas en la SLTD. Que sepamos, ninguno de los dos ha sido adoptado todavía.
Opciones para los afectados
Hasta que se cierren esos vacíos legales, los afectados deben averiguarlo por sí mismos. Para quienes trabajan en los cinco medios de comunicación y para las figuras de la oposición que enfrentan cargos, la primera pregunta es si algo ha llegado a los archivos de INTERPOL, y el paso adecuado depende de los hechos de cada caso.
- Una solicitud de acceso a la CCF determina si existen datos registrados, incluidas las entradas en la SLTD, y, con sujeción a ciertas restricciones, qué es lo que contienen.
- Una solicitud preventiva, presentada a través de la CCF, deja constancia del contexto político ante la Secretaría General antes de que llegue cualquier petición procedente de Birmania.
- Si ya consta una notificación o difusión, se puede presentar una solicitud de cancelación, junto con una petición de bloqueo temporal de los datos mientras la Comisión los examina.
Cualquier persona afectada que necesite viajar, en particular a países que cooperan estrechamente con la policía de Birmania, debe comprobar primero si se ha registrado algo. Hasta que INTERPOL publique las denegaciones por país, cite los países sujetos a medidas correctivas y adopte una norma pública sobre documentos de viaje, dicha comprobación es la única forma que tienen de saber en qué situación se encuentran.
Charlie Magri es el fundador de Otherside, un bufete de abogados especializado y dedicado exclusivamente a asuntos de INTERPOL y de la CCF. Es ex oficial jurídico de la Secretaría de la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL.
¿Nombrado por un gobierno y preocupado por INTERPOL?
Otherside presenta solicitudes de acceso, preventivas y de cancelación ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL en nombre de periodistas, activistas y figuras de la oposición. Si su nombre ha aparecido en una declaración gubernamental, póngase en contacto con nosotros para una revisión confidencial.
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