Charlie Magri y el Dr. Ted R. Bromund han publicado un nuevo artículo en EJIL:Talk!, el blog de la Revista Europea de Derecho Internacional, titulado «El canal que INTERPOL ha decidido no vigilar». En él se analizan las normas adoptadas en 2024 y 2025 que restringen la supervisión de los mensajes directos de INTERPOL, es decir, los intercambios que las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) se envían entre sí a través de la red segura de INTERPOL.
El canal más grande con el que opera INTERPOL
Las notificaciones y las difusiones acaparan la mayor parte de la atención; sin embargo, INTERPOL cifra el número de mensajes intercambiados en su red en decenas de millones al año, frente a las 27 525 notificaciones y las 30 015 difusiones registradas en 2025. Un solo mensaje puede solicitar a la policía de otro país que localice o detenga a una persona concreta, y, por lo general, dicha persona nunca llegará a saber de su existencia.
En virtud del artículo 22, apartado 6, del Reglamento sobre el tratamiento de datos, aprobado en Glasgow en 2024, la Secretaría General solo podrá acceder a un mensaje del que no haya recibido copia previa si cuenta con una autorización explícita o cuando tenga conocimiento de una posible infracción. El artículo 19, apartado 2, de los Estatutos de la CCF, modificados en Marrakech en 2025 (véase nuestro artículo anterior en el IELR), aplica las mismas condiciones a la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF). Dado que resulta difícil detectar una infracción en un mensaje que nadie ajeno al intercambio puede ver, la revisión depende en gran medida de los informes de las oficinas cuya conducta se pretende supervisar.
Por qué es importante
El artículo aborda el caso de un disidente residente en el extranjero cuya «Red Notice» ha sido denegada o eliminada por el CCF, debido a que se trata de un caso de carácter político.
«En la actualidad, ninguna comprobación de INTERPOL impide que el mismo Gobierno que solicitó una notificación roja recurra al sistema de mensajería de INTERPOL al día siguiente para pedir a sus homólogos en el extranjero que localicen o detengan a esa persona por los mismos hechos».
Charlie Magri y Ted R. Bromund, EJIL:Talk!, 19 de noviembre de 2026
Las directrices publicadas por INTERPOL establecen que, una vez denegada una notificación o difusión en virtud del artículo 2, apartado 1, o del artículo 3 de su Constitución, «no se permite que se produzca ninguna otra cooperación a través de INTERPOL». Sin embargo, a menos que se envíe copia a la Secretaría General, ni esta ni el CCF tendrían conocimiento de dicho mensaje. Las normas también limitan las solicitudes de acceso a los datos de INTERPOL: una persona que pregunte al CCF qué información tiene INTERPOL sobre ella recibirá, por defecto, una respuesta que excluye los mensajes directos.
Dos soluciones y la cuestión de la inmunidad
El artículo propone dos medidas concretas que mantienen la confidencialidad como norma por defecto. La primera consiste en enviar una advertencia a la oficina remitente, con el correspondiente registro, cuando un mensaje mencione a una persona cuya notificación o difusión haya sido denegada o suprimida en virtud de los artículos 2 o 3. La segunda consistiría en incorporar a la normativa las directrices vigentes de INTERPOL. El artículo concluye con la cuestión de la inmunidad de INTERPOL, incluido el nuevo Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades —contra el cual se pronunciaron Charlie Magri, Ted R. Bromund y Sandra Grossman en Just Security— y la demanda pendiente ante el tribunal judicial de Lyon.
«Si las personas no pueden impugnar la información que se difunde sobre ellas a través del sistema de mensajería directa de INTERPOL, resulta más difícil considerar que el CCF ofrece una vía de recurso alternativa eficaz».
Charlie Magri y Ted R. Bromund, EJIL:Talk!, 19 de noviembre de 2026
Un bufete de abogados especializado en asuntos relacionados con INTERPOL
Otherside Se dedica exclusivamente a asuntos relacionados con INTERPOL y la CCF. El bufete fue fundado por Charlie Magri, antiguo asesor jurídico de la Secretaría de la CCF, y representa a particulares y empresas ante la Comisión en lo relativo a: solicitudes de acceso, impugnaciones de notificaciones rojas y difusiones, así como solicitudes preventivas.
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