El nuevo acuerdo de inmunidad de INTERPOL, cuyo nombre oficial es «Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmunidades de INTERPOL», fue aprobado en la Asamblea General de la organización celebrada en Marrakech del 24 al 27 de noviembre de 2025. El acuerdo está ahora abierto a la firma y ratificación de los 196 países miembros de INTERPOL. Hasta la fecha, lo han firmado trece Estados. Ningún Estado ha depositado aún un instrumento de ratificación.
Charlie Magri, Ted R. Bromund y Sandra Grossman han escrito conjuntamente un nuevo artículo en Just Security titulado «Por qué los países miembros de la Interpol deberían rechazar su nuevo acuerdo sobre privilegios e inmunidades», en el que analizan el acuerdo de inmunidad de la Interpol y defienden que los Estados miembros deberían negarse a firmarlo.
Demandar a la INTERPOL ya era una opción poco probable
El artículo comienza con una observación que suele sorprender a la gente: incluso antes de Marrakech, presentar una demanda contra la INTERPOL por abuso de sus sistemas de tratamiento de datos ya resultaba extremadamente difícil.
En Estados Unidos, la INTERPOL goza de una amplia inmunidad desde 1983 en virtud del Decreto Ejecutivo n.º 12425, que la designó como organización internacional pública con arreglo a la Ley de Inmunidades de las Organizaciones Internacionales. Los sucesivos decretos ejecutivos de 1995 y 2009 ampliaron aún más dicha inmunidad. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos confirmó en 2022, en el caso El Omari contra INTERPOL, que la organización goza de «la misma inmunidad frente a acciones judiciales de la que suelen gozar los soberanos extranjeros». A todos los efectos prácticos, INTERPOL goza de inmunidad frente a acciones judiciales ante los tribunales estadounidenses.
En Europa, la situación ha sido diferente. En principio, INTERPOL ha seguido siendo vulnerable a las reclamaciones presentadas al amparo de la legislación de la UE y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular en lo que respecta al derecho a un recurso efectivo. Esa vulnerabilidad se hizo patente en 2015, cuando INTERPOL abonó una indemnización considerable ante la Corte Permanente de Arbitraje en un caso interpuesto por ciudadanos indonesios. El «acuerdo sobre la notificación roja», tal y como lo denominan los propios informes financieros auditados de INTERPOL, fue seguido poco después por una renegociación del acuerdo de sede de INTERPOL con Francia y por la oleada de reformas que dio lugar al actual Estatuto del CCF (2016), al Grupo de Trabajo sobre Notificaciones y Difusiones y a las actuales Normas sobre el tratamiento de datos.
Desde entonces, INTERPOL ha considerado sistemáticamente que el CCF constituye un «recurso eficaz» en el sentido de la jurisprudencia europea. La estrecha ventana de oportunidad para interponer recursos en Europa se ha mantenido abierta en principio, pero el listón se ha elevado.
Qué cambia con el acuerdo de inmunidad de INTERPOL
El Acuerdo General tiene por objeto resolver lo que quedaba pendiente.
Otorga a INTERPOL una inmunidad casi total ante los tribunales nacionales por sus actividades de tratamiento de datos. Las controversias relativas a los datos de INTERPOL se remiten exclusivamente al CCF. Dado que el CCF puede corregir o suprimir registros, pero no puede conceder indemnizaciones por daños y perjuicios, las personas objeto de medidas a través de los canales de INTERPOL perderían la única vía externa de responsabilidad jurídica que les queda en cualquier Estado que ratifique el tratado.
Las excepciones previstas en el Acuerdo —a saber, los contratos comerciales, las reclamaciones relacionadas con vehículos de motor y las exenciones concedidas por el Secretario General— no ayudan a las personas objeto de notificaciones rojas o difusiones abusivas. Dichas excepciones se refieren a cuestiones operativas que no guardan relación con la única razón por la que INTERPOL es un tema de gran relevancia para las políticas públicas: los datos que trata y el uso indebido de dichos datos.
Por qué los autores se oponen a la firma
El argumento central del artículo no es que, en la actualidad, resulte fácil demandar a la INTERPOL. Es que la escasa posibilidad que aún existe de que se inicien acciones judiciales, especialmente en Europa, parece haber sido el motor de todas las reformas importantes que la INTERPOL ha llevado a cabo desde 2015.
El acuerdo de 2015 se considera generalmente como el catalizador de la Ley del CCF de 2016. Se entiende de manera generalizada que la cobertura mediática continuada sobre el uso indebido de las «Blue Notice» a principios de 2024 fue lo que impulsó las reformas en el proceso de selección de las «Blue Notice» anunciadas a finales de 2024. Según sostienen los autores, la pauta es coherente: la rendición de cuentas externa ha tendido a generar reformas internas.
Los autores sostienen que eliminar esa presión debilitaría la posición política de los reformistas dentro de la organización, precisamente en un momento en el que los patrones de abuso por parte de INTERPOL están evolucionando a un ritmo más rápido del que pueden seguir las salvaguardias de la organización. El artículo insta a los países miembros, en particular a Estados Unidos y a los Estados miembros de la Unión Europea, a que se nieguen a firmar el Acuerdo y a que hagan pública dicha negativa.
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