El nuevo acuerdo de inmunidad de INTERPOL, formalmente el Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmunidades de INTERPOL, fue adoptado en la Asamblea General de la organización celebrada en Marrakech del 24 al 27 de noviembre de 2025. El acuerdo está abierto actualmente a la firma y ratificación de los 196 países miembros de INTERPOL. Hasta la fecha, trece Estados lo han firmado. Ningún Estado ha depositado todavía un instrumento de ratificación.

Charlie Magri, Ted R. Bromund y Sandra Grossman son coautores de un nuevo artículo en Just Security titulado «Por qué los países miembros de Interpol deberían rechazar su nuevo acuerdo de privilegios e inmunidades», en el que analizan el acuerdo de inmunidad de INTERPOL y argumentan que los Estados miembros deberían abstenerse de firmarlo.

Demandar a INTERPOL ya era una vía muy limitada

El artículo comienza con un punto que a menudo sorprende a la gente: incluso antes de Marrakech, demandar a INTERPOL por el uso indebido de sus sistemas de tratamiento de datos ya era extremadamente difícil.

En Estados Unidos, INTERPOL disfruta de una amplia inmunidad desde 1983 en virtud de la Orden Ejecutiva 12425, que la designó como organización internacional pública al amparo de la Ley de Inmunidades de Organizaciones Internacionales (International Organizations Immunities Act). Sucesivas órdenes ejecutivas en 1995 y 2009 ampliaron aún más dicha inmunidad. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó en 2022, en el caso El Omari v. INTERPOL, que la organización goza de «la misma inmunidad frente a demandas de la que normalmente disfrutan los Estados soberanos extranjeros». A todos los efectos prácticos, INTERPOL es inmune a las demandas ante los tribunales estadounidenses.

En Europa, el panorama ha sido diferente. INTERPOL ha seguido siendo vulnerable, en principio, a demandas basadas en el Derecho de la UE y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular el derecho a un recurso efectivo. Dicha vulnerabilidad se hizo patente en 2015, cuando INTERPOL pagó un acuerdo sustancial ante la Corte Permanente de Arbitraje en un caso interpuesto por ciudadanos indonesios. El «acuerdo sobre Notificación Roja», como lo denominan los propios informes financieros auditados de INTERPOL, fue seguido poco después por una renegociación del acuerdo de sede de INTERPOL con Francia y por la oleada de reformas que dio lugar al actual Estatuto de la CCF (2016), al Grupo de Trabajo sobre Notificaciones y Difusiones y a las actuales Normas sobre el Tratamiento de Datos.

Desde entonces, INTERPOL ha presentado sistemáticamente a la CCF como un «recurso efectivo» en el sentido de la jurisprudencia europea. El estrecho margen para los litigios en Europa ha permanecido abierto en principio, pero el listón se ha elevado.

Qué cambia con el acuerdo de inmunidad de INTERPOL

El Acuerdo General está diseñado para cerrar lo que quedaba pendiente.

Confiere a INTERPOL una inmunidad casi total ante los tribunales nacionales en relación con sus actividades de tratamiento de datos. Las controversias relativas a los datos de INTERPOL se derivan exclusivamente a la CCF. Dado que la CCF puede corregir o suprimir registros pero no puede conceder indemnizaciones, las personas objeto de medidas a través de los canales de INTERPOL perderían la única vía externa de rendición de cuentas legal que les quedaba en cualquier Estado que lo ratifique.

Las excepciones previstas en el Acuerdo —concretamente los contratos comerciales, las reclamaciones relativas a vehículos de motor y las renuncias por parte del secretario general— no ayudan a las personas sujetas a Notificaciones Rojas o difusiones abusivas. Se refieren a asuntos operativos ajenos al único motivo por el cual INTERPOL constituye un asunto de interés público relevante: los datos que trata y el uso indebido de los mismos.

Por qué los autores argumentan en contra de la firma

El argumento central del artículo no es que actualmente sea fácil demandar a INTERPOL, sino que la pequeña posibilidad de litigio que quedaba, particularmente en Europa, parece haber sido el motor de cada una de las grandes reformas emprendidas por INTERPOL desde 2015.

El acuerdo de 2015 se considera ampliamente el catalizador del Estatuto de la CCF de 2016. La cobertura informativa sostenida sobre el uso indebido de las Notificaciones Azules a principios de 2024 se entiende generalmente como el factor que impulsó las reformas de filtrado de las Notificaciones Azules anunciadas a finales de 2024. Los autores sostienen que el patrón es coherente: la rendición de cuentas externa ha tendido a generar reformas internas.

Los autores sostienen que eliminar dicha presión debilitaría la posición política de los reformistas dentro de la organización justo en el momento en que los patrones de abuso de INTERPOL evolucionan más rápido de lo que las salvaguardias de la organización pueden asumir. El artículo insta a los países miembros, en particular a Estados Unidos y a los Estados miembros de la Unión Europea, a negarse a firmar el acuerdo y a manifestar públicamente su negativa.

Siguiente paso

¿Se enfrenta a una notificación de INTERPOL?

Otherside Representa a particulares y empresas ante la CCF, impugnando las notificaciones rojas, las difusiones y otros datos que figuran en los archivos de INTERPOL. Una llamada de 30 minutos por Zoom, sin coste alguno, siempre que se cumplan los criterios de intervención del bufete.

Solicite una revisión confidencial