Charlie Magri es coautor de un artículo en la Revista de Derecho Internacional de Harvard sobre las medidas correctivas de INTERPOL

Charlie Magri, Ted R. Bromund y Sandra Grossman han sido coautores de un artículo en la Revista de Derecho Internacional de Harvard, que examina el uso de medidas correctivas por parte de INTERPOL contra los Estados miembros que hacen un uso indebido de los canales de la Organización. Titulado “Medidas correctivas y el problema de la transparencia en INTERPOL”, el artículo sostiene que el secretismo que rodea a estas medidas socava el compromiso constitucional de INTERPOL con la neutralidad y protege a los Estados abusivos de rendir cuentas.

El artículo expone el marco de medidas correctivas codificado en las Normas sobre el Tratamiento de Datos (RPD), que dota a la Secretaría General de una gama gradual de poderes de supervisión, desde el reexamen de registros individuales hasta la suspensión de los derechos de procesamiento de una Oficina Central Nacional. La Secretaría General ha descrito sistemáticamente estas herramientas como correctivas en lugar de punitivas. Magri, Bromund y Grossman cuestionan ese encuadre: restringir la capacidad de un Estado para utilizar los sistemas de INTERPOL es una sanción en todo menos en el nombre. También cuestionan la suposición subyacente al régimen, de que el uso indebido se debe a la ignorancia o a una capacidad limitada, en lugar de a una intención deliberada. Cuando el abuso es repetido, persistente y dirigido a oponentes del régimen, es poco probable que la supervisión por sí sola genere cumplimiento.

El núcleo del artículo aborda el enfoque selectivo de INTERPOL en cuanto a la divulgación. Para abril de 2025, al menos seis países estaban supuestamente bajo medidas correctivas, incluyendo Rusia, Bielorrusia y Siria. Rusia y Siria fueron nombradas públicamente. Sin embargo, en un seminario web de la ABA en julio de 2025, un funcionario de INTERPOL describió un país con una tasa de incumplimiento del 30 al 40 por ciento durante seis meses, con muchas notificaciones dirigidas a activistas y críticos, sin identificar el país. Elegir divulgar las medidas correctivas para algunos Estados mientras se mantiene el anonimato de otros es en sí mismo un alejamiento de la neutralidad que se supone que el mecanismo debe proteger.

Magri, Bromund y Grossman piden un registro público de los Estados sujetos a medidas correctivas, la publicación rutinaria de estadísticas y criterios transparentes para imponer y levantar restricciones. Su conclusión es directa: el único enfoque verdaderamente neutral es tratar a todos los Estados por igual, nombrándolos a todos.