Charlie Magri, Ted R. Bromund y Sandra Grossman han coescrito un artículo en el Harvard International Law Journal, en el que analizan el uso que hace INTERPOL de las medidas correctivas contra los Estados miembros que hacen un uso indebido de los canales de la Organización. Titulado "Medidas correctivas y el problema de la transparencia en INTERPOL", el texto argumenta que el secretismo que rodea a estas medidas socava el compromiso constitucional de INTERPOL con la neutralidad y protege a los Estados abusivos de la rendición de cuentas.
El artículo expone el marco de medidas correctivas codificado en las Reglas sobre el Tratamiento de Datos (RTD), que dota a la Secretaría General de una serie graduada de poderes de supervisión, desde la reexaminación de registros individuales hasta la suspensión de los derechos de tratamiento de una Oficina Central Nacional. La Secretaría General ha descrito sistemáticamente estas herramientas como de naturaleza correctiva y no punitiva. Magri, Bromund y Grossman cuestionan este enfoque: restringir la capacidad de un Estado para utilizar los sistemas de INTERPOL constituye una sanción en la práctica. Asimismo, cuestionan el supuesto subyacente al régimen de que el uso indebido surge de la ignorancia o de una capacidad limitada, en lugar de una intención deliberada. Cuando el abuso es reiterado, persistente y va dirigido contra opositores al régimen, es improbable que la mera supervisión logre el cumplimiento.
El núcleo del artículo aborda la estrategia selectiva de INTERPOL en materia de divulgación de información. Hacia abril de 2025, al menos seis países se encontraban supuestamente bajo medidas correctivas, entre ellos Rusia, Belarus y Siria. Rusia y Siria fueron mencionados públicamente. Sin embargo, en un seminario web de la ABA celebrado en julio de 2025, un funcionario de INTERPOL describió a un país con una tasa de incumplimiento de entre el 30 y el 40 por ciento a lo largo de seis meses —con numerosas notificaciones dirigidas contra activistas y críticos— sin llegar a identificarlo. Decidir revelar las medidas correctivas aplicadas a unos Estados mientras se mantiene el anonimato de otros constituye en sí mismo un distanciamiento de la neutralidad que el mecanismo pretende salvaguardar.
Magri, Bromund y Grossman abogan por la creación de un registro público de los Estados sujetos a medidas correctivas, la publicación periódica de estadísticas y la fijación de criterios transparentes para imponer y levantar restricciones. Su conclusión es directa: el único enfoque verdaderamente neutral consiste en tratar a todos los Estados por igual, nombrándolos a todos.
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