Charlie Magri ha sido coautor de un artículo publicado por la International Bar Association (IBA), junto con Sandra Grossman, de Grossman Young & Hammond. El artículo, titulado "El Repositorio de Prácticas de INTERPOL 2024: la tensión no resuelta entre facilitar la cooperación policial y defender los derechos humanos", ofrece un análisis de la última edición del Repertorio de recomendaciones prácticas de INTERPOL sobre los artículos 2 y 3 de la Constitución.
El artículo comienza contextualizando el doble papel de INTERPOL: como institución policial mundial y como actor obligado por los principios internacionales de derechos humanos. Destaca cómo los sistemas de INTERPOL -en particular las notificaciones rojas y las difusiones- son cada vez más utilizados indebidamente por los Estados autoritarios para llevar a cabo una represión transnacional bajo la apariencia de aplicación de la ley penal.
La inclusión del artículo 2
Por primera vez, el Repositorio 2024 incluye orientaciones interpretativas sobre el artículo 2 del Estatuto de INTERPOL, que ordena que la organización actúe "dentro de los límites de las leyes existentes en los distintos países y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". El artículo analiza cómo esta inclusión aclara que INTERPOL debe salvaguardar de forma proactiva los derechos individuales, y no limitarse a mantener la neutralidad. Además, explica cómo el Repositorio incorpora referencias a normas internacionales y regionales, entre ellas el PIDCP y la jurisprudencia de los Tribunales Europeo e Interamericano de Derechos Humanos.
Los autores evalúan críticamente el marco de evaluación del Repositorio en virtud del artículo 2, incluido su enfoque en el historial de derechos humanos del Estado solicitante, la independencia judicial y el riesgo de perjuicio para el individuo. Señalan, sin embargo, que la orientación sigue siendo en gran medida teórica y carece de ejemplos prácticos que puedan ayudar a los profesionales a evaluar el cumplimiento en casos complejos.
También identifican ambigüedades preocupantes, como la sugerencia de que algunas violaciones de derechos (por ejemplo, la detención preventiva excesiva) podrían, por sí mismas, no hacer que una notificación no fuera conforme. El artículo hace hincapié en la necesidad de una mayor claridad sobre cuándo y cómo pueden utilizarse formas alternativas de prueba (como dictámenes jurídicos o declaraciones personales) para fundamentar las denuncias de abusos, especialmente en contextos en los que el acceso a los tribunales es imposible.
Orientación en virtud del artículo 3
En cuanto al artículo 3, que prohíbe a INTERPOL intervenir en asuntos de carácter predominantemente político, el artículo examina el tratamiento ampliado que da el Repositorio a los casos relacionados con personalidades políticas, actividades de protesta y acusaciones relacionadas con el terrorismo. Acoge con satisfacción la inclusión de ejemplos prácticos, que ayudan a distinguir entre las acusaciones penales auténticas y las utilizadas como pretexto para la persecución política.
Sin embargo, los autores destacan lagunas significativas, sobre todo en los casos relacionados con delitos financieros, que se utilizan cada vez más para perseguir a opositores políticos y figuras del mundo empresarial. Aunque el Repositorio reconoce el potencial de uso indebido, no proporciona criterios ni ejemplos suficientes para orientar la evaluación de los delitos económicos políticamente sensibles.
El artículo llama la atención sobre el modo en que estas limitaciones afectan a las víctimas "no tradicionales" de los abusos de INTERPOL, como los empresarios atrapados en procedimientos por motivos políticos. Los autores piden una orientación más sólida en estos ámbitos, junto con una mayor claridad institucional sobre las normas probatorias y las evaluaciones basadas en el contexto.
Conclusión
Magri y Grossman llegan a la conclusión de que, aunque el Repositorio 2024 refleja avances -sobre todo gracias a su ámbito de aplicación ampliado y a la inclusión del artículo 2-, en última instancia no logra salvar la distancia entre los principios y la práctica. Sostienen que, sin ejemplos más claros basados en escenarios y sin apoyo institucional, el Repositorio sigue siendo una aspiración más que un instrumento operativo. Invitan a INTERPOL a dar prioridad a la claridad, la coherencia y la asignación de recursos en futuras revisiones para garantizar unas salvaguardias eficaces contra el uso indebido.
