Charlie Magri ha sido coautor de un artículo publicado por la Asociación Internacional de Abogados (IBA), junto con Sandra Grossman de Grossman Young & Hammond. El artículo, titulado “El Repositorio de Prácticas de INTERPOL de 2024: la tensión no resuelta entre facilitar la cooperación policial y defender los derechos humanos”, ofrece un análisis de la última edición del Repositorio de Prácticas sobre los Artículos 2 y 3 de la Constitución de INTERPOL.
El artículo comienza contextualizando el doble papel de INTERPOL: como institución policial global y como actor sujeto a los principios internacionales de derechos humanos. Destaca cómo los sistemas de INTERPOL —particularmente las notificaciones rojas y las difusiones— son cada vez más utilizados indebidamente por estados autoritarios para llevar a cabo represión transnacional bajo el pretexto de la aplicación de la ley penal.
La inclusión del Artículo 2
Por primera vez, el Repositorio de 2024 incluye una guía interpretativa sobre el Artículo 2 de la Constitución de INTERPOL, que establece que la organización debe operar “dentro de los límites de las leyes existentes en los diferentes países y en el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos.” El artículo discute cómo esta inclusión aclara que INTERPOL debe salvaguardar proactivamente los derechos individuales —y no solo mantener la neutralidad. Además, explica cómo el Repositorio incorpora referencias a estándares internacionales y regionales, incluyendo el PIDCP y la jurisprudencia de los Tribunales Europeo e Interamericano de Derechos Humanos.
Los autores evalúan críticamente el marco de evaluación del Repositorio bajo el Artículo 2, incluyendo su enfoque en el historial de derechos humanos del estado solicitante, la independencia judicial y el riesgo de daño para el individuo. Sin embargo, señalan que la guía sigue siendo en gran medida teórica y carece de ejemplos prácticos que puedan ayudar a los profesionales a evaluar el cumplimiento en casos complejos.
También identifican ambigüedades preocupantes —como la sugerencia de que algunas violaciones de derechos (por ejemplo, la detención preventiva excesiva) podrían no, por sí mismas, hacer que una notificación sea no conforme. El artículo enfatiza la necesidad de mayor claridad sobre cuándo y cómo se pueden utilizar formas alternativas de prueba (como opiniones legales o declaraciones personales) para fundamentar las alegaciones de abuso, especialmente en contextos donde el acceso a los tribunales es imposible.
Orientación bajo el Artículo 3
Pasando al Artículo 3, que prohíbe a INTERPOL intervenir en asuntos de carácter predominantemente político, el artículo revisa el tratamiento ampliado del Repositorio sobre casos que involucran a figuras políticas, actividades de protesta y cargos relacionados con el terrorismo. Acoge con satisfacción la inclusión de ejemplos prácticos, que ayudan a distinguir entre cargos criminales genuinos y aquellos utilizados como pretexto para la persecución política.
Sin embargo, los autores destacan lagunas significativas —particularmente en casos que involucran delitos financieros, que son cada vez más utilizados para atacar a oponentes políticos y figuras empresariales. Si bien el Repositorio reconoce el potencial de uso indebido, no proporciona criterios o ejemplos suficientes para guiar la evaluación de delitos económicos políticamente sensibles.
El artículo llama la atención sobre cómo estas limitaciones afectan a las víctimas “no tradicionales” del abuso de INTERPOL —como empresarios atrapados en procesos con motivaciones políticas. Los autores piden una orientación más sólida en estas áreas, junto con una mayor claridad institucional sobre los estándares probatorios y las evaluaciones basadas en el contexto.
Conclusión
Magri y Grossman concluyen que, si bien el Repositorio de 2024 refleja un progreso —particularmente a través de su alcance ampliado y la inclusión del Artículo 2—, en última instancia no logra cerrar la brecha entre el principio y la práctica. Argumentan que, sin ejemplos más claros basados en escenarios y apoyo institucional, el Repositorio sigue siendo aspiracional en lugar de operativo. Invitan a INTERPOL a priorizar la claridad, la coherencia y la asignación de recursos en futuras revisiones para garantizar salvaguardias efectivas contra el uso indebido.
