Charlie Magri ha coescrito un artículo publicado por la Asociación Internacional de Abogados (IBA), junto con Sandra Grossman de Grossman Young & Hammond. El artículo, titulado «El Repositorio de Prácticas de INTERPOL de 2024: la tensión no resuelta entre la facilitación de la cooperación policial y la defensa de los derechos humanos», ofrece un análisis de la última edición del Repositorio de Prácticas sobre los Artículos 2 y 3 de la Constitución de INTERPOL.
El artículo comienza contextualizando la doble función de INTERPOL: como institución policial mundial y como entidad sujeta a los principios internacionales de derechos humanos. Se destaca cómo los sistemas de INTERPOL —en particular las notificaciones rojas y las difusiones— son utilizados cada vez más por Estados autoritarios para llevar a cabo la represión transnacional bajo la apariencia de aplicación de la ley penal.
La inclusión del Artículo 2
Por primera vez, el Repositorio de 2024 incluye directrices interpretativas sobre el Artículo 2 de la Constitución de INTERPOL, que establece la obligación de que la organización actúe «dentro de los límites de las leyes existentes en los diferentes países y en el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos». El artículo analiza cómo esta inclusión aclara que INTERPOL debe proteger de forma proactiva los derechos individuales, y no limitarse a mantener la neutralidad. Asimismo, explica cómo el Repositorio incorpora referencias a normas internacionales y regionales, incluido el PIDCP y la jurisprudencia de los tribunales Europeo e Interamericano de Derechos Humanos.
Los autores evalúan críticamente el marco de análisis del Repositorio en virtud del Artículo 2, que incluye su atención al historial de derechos humanos del Estado requirente, la independencia judicial y el riesgo de perjuicio para el individuo. No obstante, señalan que estas directrices siguen siendo en gran medida teóricas y carecen de ejemplos prácticos que puedan ayudar a los profesionales a evaluar el cumplimiento en casos complejos.
También señalan ambigüedades preocupantes, como la sugerencia de que ciertas violaciones de derechos (por ejemplo, la prisión preventiva excesiva) podrían no constituir, por sí mismas, un incumplimiento de los requisitos de una notificación. El artículo subraya la necesidad de mayor claridad sobre cuándo y cómo se pueden utilizar formas alternativas de prueba (como dictámenes jurídicos o declaraciones personales) para fundamentar las alegaciones de abuso, especialmente en contextos en los que el acceso a los tribunales es imposible.
Directrices en el marco del Artículo 3
En relación con el Artículo 3, que prohíbe a INTERPOL intervenir en asuntos de carácter predominantemente político, el artículo examina el tratamiento ampliado que el Repositorio otorga a los casos que involucran a figuras políticas, actividades de protesta y cargos relacionados con el terrorismo. Valora positivamente la inclusión de ejemplos prácticos, que ayudan a distinguir entre cargos penales legítimos y aquellos utilizados como pretexto para la persecución política.
Sin embargo, los autores señalan importantes lagunas, especialmente en lo que respecta a los delitos financieros, que se utilizan cada vez más para atacar a opositores políticos y empresarios. Aunque el Repositorio reconoce el riesgo potencial de uso indebido, no proporciona criterios ni ejemplos suficientes para orientar la evaluación de delitos económicos de sensibilidad política.
El artículo llama la atención sobre el modo en que estas limitaciones afectan a las víctimas «no tradicionales» de los abusos de INTERPOL, como los empresarios atrapados en procedimientos con motivaciones políticas. Los autores reclaman directrices más sólidas en estas áreas, así como una mayor claridad institucional en cuanto a los estándares probatorios y las evaluaciones basadas en el contexto.
Conclusión
Magri y Grossman concluyen que, si bien el Repositorio de 2024 refleja avances —en particular por su alcance ampliado y la inclusión del Artículo 2—, en última instancia no logra salvar la distancia entre la teoría y la práctica. Sostienen que, a falta de ejemplos más claros basados en supuestos prácticos y de un mayor respaldo institucional, el Repositorio sigue siendo una declaración de intenciones más que un instrumento operativo. Por ello, invitan a INTERPOL a priorizar la claridad, la coherencia y la asignación de recursos en futuras revisiones para garantizar garantías eficaces contra el uso indebido.




