Impugnar una Notificación Roja de INTERPOL puede resultar fundamental para las personas acusadas de delitos financieros y administrativos. Si bien el sistema de Notificaciones Rojas de INTERPOL está diseñado para facilitar la cooperación policial internacional, se utiliza cada vez más de manera indebida en casos como la evasión fiscal y las infracciones de licencias comerciales.

Una decisión reciente de la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF) pone de relieve cómo aplica INTERPOL las restricciones a las Notificaciones Rojas por delitos administrativos y reglamentarios. En este caso, la CCF ordenó la supresión de una Notificación Roja emitida por evasión fiscal y emprendimiento ilegal, al dictaminar que los cargos no cumplían los criterios de INTERPOL para los delitos graves.

¿Puede INTERPOL emitir una Notificación Roja por evasión fiscal o infracciones de licencias comerciales?

De conformidad con el artículo 83 de las Reglas de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos (RPD), no se puede emitir una Notificación Roja para los siguientes tipos de delitos a menos que estén vinculados a la delincuencia organizada o a delitos graves:

  • Delitos fiscales (por ejemplo, el impago de impuestos sin pruebas de fraude o corrupción).
  • Infracciones de las normas de licencias comerciales (por ejemplo, operar sin el permiso requerido).
  • Delitos que causen perjuicios económicos a los fondos públicos cuando no haya beneficio personal, ni negligencia grave, ni fraude o corrupción.

Estas restricciones están concebidas para evitar el uso indebido del sistema de INTERPOL con el fin de resolver disputas fiscales, cuestiones de cumplimiento normativo y asuntos financieros que deberían tramitarse mediante procedimientos civiles o administrativos en lugar de la cooperación policial internacional.

Cómo evalúa la CCF las Notificaciones Rojas por delitos financieros y administrativos

En el caso reciente ante la CCF, el solicitante era objeto de una Notificación Roja por evasión fiscal y por ejercer actividades comerciales sin los permisos necesarios. El solicitante impugnó la notificación alegando que:

  • Los cargos eran de carácter administrativo, no penal.
  • Él no tenía autoridad sobre las decisiones fiscales ni sobre las licencias comerciales.
  • Él no obtuvo ningún beneficio financiero personal de las presuntas infracciones.

La OCN (Oficina Central Nacional) que solicitó la Notificación Roja argumentó que el solicitante era responsable de declaraciones fiscales falsificadas y de actividades comerciales no autorizadas. Sin embargo, la CCF concluyó que el caso no cumplía con los criterios de INTERPOL para las Notificaciones Rojas y falló a favor de su eliminación.

Principales razones por las que se eliminó la Notificación Roja

La CCF basó su decisión en la política de INTERPOL de 2022, la cual prohíbe las Notificaciones Rojas por delitos derivados de infracciones administrativas, a menos que estén vinculados a delitos graves o delincuencia organizada. Los cargos —el pago pendiente de impuestos y la realización de actividades comerciales sin licencia— se encuadraban claramente dentro de la lista de delitos excluidos por INTERPOL, la cual incluye:

  • Infracciones de las normas de concesión de licencias relacionadas con la actividad comercial y la construcción.
  • Causar perjuicios financieros a los fondos públicos cuando no exista fraude, corrupción o enriquecimiento personal.

Además, la OCN no aportó ninguna prueba de que el solicitante se hubiera beneficiado personalmente de las presuntas infracciones. La CCF señaló:

«Si bien la OCN afirmó que el Solicitante obtuvo un beneficio personal de los actos presuntos, no aportó elementos de prueba que lo respalden, sino más bien declaraciones generales sobre la existencia de pruebas en contra del Solicitante; asimismo, la OCN tampoco proporcionó elementos claros que constaten que el Solicitante fuera consciente de la falsificación de las declaraciones fiscales y que recibiera fondos que excedieran su salario».

Asimismo, en este caso faltaban pruebas de intencionalidad delictiva. El solicitante no era el propietario ni el principal tomador de decisiones de la empresa, y la orden de detención se centraba en las acciones de la empresa y no en conductas individuales. La CCF no encontró indicios de que hubiera participado deliberadamente en actos de fraude o corrupción, lo que refuerza aún más que los cargos eran de índole administrativa y no penal.

Debido a estas conclusiones, la CCF dictaminó que la Notificación Roja incumplía las normas de INTERPOL y ordenó su cancelación.

Cómo impugnar una Notificación Roja de INTERPOL por delitos financieros o administrativos

Si se enfrenta a una Notificación Roja por evasión fiscal, infracciones de licencias u otras faltas administrativas, es posible que disponga de sólidos argumentos para impugnar su validez conforme a la normativa de INTERPOL. Los pasos principales incluyen:

  1. Determinar si el delito figura en la lista de prohibiciones de INTERPOL: si su caso está relacionado con asuntos fiscales, infracciones de licencias o faltas administrativas, es posible que no cumpla los requisitos para emitir una Notificación Roja.
  2. Demostrar que no obtuvo un beneficio personal del presunto delito: si no obtuvo ganancias más allá de su salario, esto puede fortalecer su impugnación.
  3. Demostrar la ausencia de intencionalidad delictiva: si usted no era quien tomaba las decisiones o no cometió fraude a sabiendas, la Notificación Roja podría vulnerar las normas de INTERPOL.
  4. Presentar una solicitud de cancelación ante la CCF: si la Notificación Roja no cumple con las reglas de INTERPOL, se puede presentar una solicitud a la CCF para conseguir su eliminación.

Fortalecimiento de las salvaguardias contra el uso indebido de las Notificaciones Rojas

Esta decisión de la CCF refuerza el compromiso de INTERPOL de garantizar que las Notificaciones Rojas no se utilicen para hacer cumplir litigios normativos o financieros.

Para las personas y empresas que se enfrentan a Notificaciones Rojas por delitos fiscales o de licencias, este fallo sienta un precedente importante. Pone de relieve los estrictos estándares probatorios exigidos para las Notificaciones Rojas relacionadas con delitos financieros y proporciona un marco jurídico claro para impugnar aquellas alertas que no cumplan con los criterios de INTERPOL.

Para un análisis jurídico más profundo de este caso, lea el artículo completo redactado conjuntamente por Charlie Magri y Ariel Rawls en el sitio web de Grossman Young & Hammond.