En su investigación mundial China Targets, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés ) examinó cómo las autoridades chinas han utilizado las notificaciones rojas de INTERPOL para perseguir objetivos políticos, empresariales y personales en el extranjero, a veces con escasos fundamentos jurídicos. Como parte de su reportaje, el ICIJ invitó a Charlie Magri, abogado defensor de INTERPOL y antiguo funcionario jurídico de la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF), a compartir su punto de vista sobre las reformas necesarias.
Magri, que trabajó dentro del sistema de supervisión de INTERPOL durante seis años, hizo hincapié en que la organización aún carece de transparencia en cuanto a la forma en que rastrea los patrones de uso indebido:
"La ausencia de un desglose por países imposibilita la identificación de patrones de uso indebido por parte de cada uno de los países miembros, un paso esencial para hacer frente a los abusos por motivos políticos", declaró a ICIJ.
También abordó el papel de las medidas correctivas -sanciones internas que INTERPOL puede aplicar a los países miembros que infringen repetidamente sus normas- y abogó por una mayor apertura:
"La divulgación pública aumentaría la confianza en los procedimientos de INTERPOL y tranquilizaría a los ciudadanos en el sentido de que se están tomando medidas para evitar los abusos", declaró Magri.
En la actualidad, INTERPOL puede imponer diversas medidas internas -incluido un mayor escrutinio de las solicitudes de notificación roja o la suspensión temporal del acceso- a los países sospechosos de abusar del sistema. Sin embargo, rara vez revela qué países están sometidos a tales sanciones. Magri argumentó que compartir esta información no sólo ayudaría a recuperar la confianza de los ciudadanos, sino que también fomentaría la rendición de cuentas y la integridad institucional, sin politizar el proceso.
A través de su bufete Otherside, Charlie Magri representa ahora a particulares de todo el mundo que se enfrentan a notificaciones rojas por motivos políticos, ayudándoles a impugnar dichas alertas ante INTERPOL.
